(territoriodigital.com) Uno de ellos sería un empresario local condenado a doce años de prisión por abuso sexual. Habría hecho cerrar un sector para construirse una habitación vipPersonal de la Unidad Penal III alertó sobre privilegios de los cuales gozarían ciertos internos con poder adquisitivo, quienes avalados por las autoridades dispondrían de beneficios que violan las normas internas de la institución.
Uno de los casos más escandalosos involucraría a un conocido empresario local que en el 2013 fue condenado a doce años de prisión por el abuso sexual de dos de sus hijos.
Según fuentes internas, el sujeto está alojado en el Módulo C para internos en fase de confianza, lo que no le correspondería por el lapso que lleva detenido. Pero lo más grave es que habría mandado a construir una habitación privada en lo que era una galería.
El Territorio accedió a una serie de fotografías donde se observa el cerramiento del sector donde se encontraba un teléfono público en desuso. Personal de Servicio Penitenciario Provincial (SPP) confirmó que dicha obra habría sido financiada por el citado comerciante, quien antes de ser condenado fue proveedor de la unidad y tiene aceitados contactos con la cúpula actual.
“Puso la plata para cerrar el corredor porque piensa vivir ahí. Por ahora está viviendo en el Módulo C, lo que no le corresponde porque todavía no tiene fase. Pasa todo el día en el salón de usos múltiples, donde se recibe visitas y sigue manejando sus negocios desde la cárcel con el celular. Tanto se habla del padre Grassi, pero acá pasa lo mismo”, confiaron desde la institución.
También mencionaron otras irregularidades, como la instalación de carpas en el patio donde los internos abonarían una suma para mantener relaciones sexuales, lo que ya fue denunciado el año pasado. El desmanejo incluye la venta de celulares, al punto que recientemente un personal fue sancionado por requisar a un condenado por homicidio que fue encontrado hablando por teléfono.
El año pasado cuatro oficiales que cumplían funciones en el penal fueron procesados por “abuso de autoridad, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.
La denuncia radicada en abril del 2013 incluye venta de drogas, celulares y armas dentro del penal; robo y reventa de alimentos destinados a los internos, salidas sin autorización y cobro de traslados, y hasta el ingreso de prostitutas para tener sexo con detenidos, previo pago a las autoridades carcelarias.
Luego, a instancias judiciales, agentes del SPP lograron secuestrar armas blancas, teléfonos celulares, psicofármacos y hasta una planta de marihuana en poder de los reclusos.
En diálogo con este medio, testigos de la causa afirmaron que “todo sigue igual en el penal. Hay droga, celulares y cuchillos en poder los internos, y quienes testificamos tenemos temor por nosotros y nuestras familias”.
Afirmaron que si bien la anterior cúpula fue removida, continúa el desmanejo porque “la mugre viene de arriba”.
